Milei y Bullrich avanzan con una reforma de la Policía Federal que habilita detenciones arbitrarias, requisas sin orden judicial y vigilancia digital masiva

La ministra Patricia Bullrich publicó una resolución que permite a la Policía Federal realizar ciberpatrullajes, revisar pertenencias en la vía pública y detener personas sin intervención judicial. La medida, celebrada como una «modernización» por el oficialismo, esconde un modelo de control social extremo que vulnera garantías constitucionales. La oposición y organismos de derechos humanos ya anticipan acciones legales ante una resolución que recuerda a los peores momentos del pasado.

La resolución 390/2025, publicada con sigilo quirúrgico en el Boletín Oficial, marca un antes y un después en el rol de la Policía Federal Argentina (PFA). Lejos de una simple reorganización burocrática, lo que Patricia Bullrich ha puesto en marcha es un reentrenamiento ideológico, una refundación encubierta de la fuerza bajo parámetros que bien podrían confundirse con un modelo de inteligencia interior al estilo FBI, sin los controles ni los contrapesos que la democracia exige.

A partir de ahora, los agentes federales podrán requisar a ciudadanos en la vía pública sin necesidad de orden judicial. ¿El motivo? Una “sospecha razonable”, un concepto tan etéreo como peligroso, que abre las puertas a abusos, discriminación y persecuciones arbitrarias. Como si eso fuera poco, se habilita también el ciberpatrullaje activo: la vigilancia sistemática de redes sociales y contenidos digitales, sin control judicial previo.

En otras palabras, el gobierno de Javier Milei ha institucionalizado el espionaje social y la represión anticipada, disfrazándolo de eficiencia y modernización. Y todo esto en un país con heridas abiertas por la persecución ideológica, el espionaje ilegal y el uso político de las fuerzas de seguridad.

Según la letra del texto oficial, los agentes podrán actuar “sin orden judicial, cuando existiera sospecha razonable de peligro”, un enunciado que rompe la columna vertebral del derecho penal moderno: el principio de inocencia y la necesidad de control judicial para la restricción de libertades individuales. ¿Desde cuándo el “peligro” lo define un agente armado sin rendición de cuentas?

Bullrich no solo avanza en el terreno operativo. También reestructura toda la cadena de mandos y funciones de la PFA, orientando a la institución hacia una doctrina de combate permanente. Se crean nuevas divisiones con nombres altisonantes como “Ciberdelitos Federales”, “Antiterrorismo Digital” y “Vigilancia Preventiva”, todas bajo el ala de una superintendencia blindada políticamente y que responde directamente a la ministra.

No es casual: detrás de la jerga técnica, lo que se instala es un sistema de control sobre la ciudadanía, especialmente sobre militantes, movimientos sociales, referentes sindicales y críticos del gobierno. Se trata de una arquitectura represiva que, lejos de combatir el crimen organizado, parece apuntar al disciplinamiento del descontento social.

El Estado, que debería proteger derechos, se convierte en una maquinaria para vigilar, fichar y perseguir. Bajo esta nueva doctrina, un tuit crítico o una foto en una manifestación pueden ser considerados indicios de peligrosidad. Así, se legaliza el espionaje civil y se retrocede décadas en materia de libertades individuales.

Distintos sectores de la oposición ya alzaron la voz. Desde el peronismo hasta la izquierda, la reforma fue leída como un avance autoritario inadmisible. Legisladores y especialistas advierten que la resolución contradice principios constitucionales y tratados internacionales firmados por Argentina. Incluso dentro del sistema judicial hay preocupación por la ruptura del principio de legalidad y por el empoderamiento desmedido de las fuerzas de seguridad.

Organismos de derechos humanos también se manifestaron en estado de alerta. El CELS, por ejemplo, advirtió que esta reforma es “una amenaza directa al derecho a la protesta, la libertad de expresión y la privacidad”. Amnistía Internacional analiza posibles presentaciones ante organismos internacionales por violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Pero el gobierno, lejos de recular, redobla la apuesta. Bullrich justificó la medida argumentando que “hay que prevenir el delito antes de que ocurra”. Un razonamiento que, traducido sin eufemismos, significa instaurar un modelo de sospecha permanente, donde todo ciudadano es potencialmente peligroso.

La lógica del “enemigo interno” se reactiva bajo un ropaje liberal que, en los hechos, no duda en usar herramientas del autoritarismo más crudo. La paradoja es brutal: en nombre de la libertad, se cercenan derechos básicos; en nombre de la seguridad, se legaliza el atropello institucional.

No es un movimiento aislado. Este tipo de reformas encajan con el resto del andamiaje del gobierno de Milei: recorte de libertades, demonización de la protesta, represión a los trabajadores y blindaje mediático de sus medidas más impopulares. La Policía Federal, bajo esta reforma, se convierte en una pieza más del engranaje libertario: no para garantizar seguridad, sino para disciplinar a la sociedad civil.

La historia argentina ya ha conocido estos mecanismos. Los años del “Proceso” y el espionaje político durante el menemismo o el macrismo dejaron huellas que aún duelen. Y sin embargo, este gobierno las reedita con descaro, apelando a una épica de “mano dura” que promete orden a cualquier costo.

Y el costo, una vez más, lo paga el pueblo. Porque esta no es una reforma policial, sino un cambio de régimen en cámara lenta. Un intento por domesticar la democracia desde las fuerzas de seguridad, colocando al Estado del lado del garrote y no de la Constitución.

Es urgente que la sociedad despierte ante esta deriva peligrosa. No hay democracia posible cuando se normaliza la vigilancia sin control, la detención sin causa y la represión sin límite. La libertad no se defiende con patrullas, sino con justicia, derechos y participación activa.

Queda por ver si el Congreso, la Justicia o los organismos internacionales actuarán con la velocidad que este momento demanda. Porque lo que está en juego no es una resolución técnica ni una reorganización institucional. Lo que se está desmantelando, artículo tras artículo, es el contrato democrático.